Productores para el sector agroalimentario advierten que las inversiones de largo plazo en infraestructura, tecnología y mejoramiento genético podrían verse afectadas por la falta de certeza comercial
Las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrarán en vigor tras la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente el acuerdo hasta 2042, generan preocupación entre el sector agroalimentario de la región debido a la incertidumbre que podrían provocar sobre las inversiones de largo plazo.
Especialistas y representantes del sector consideran que la agricultura y la agroindustria requieren estabilidad jurídica y comercial para desarrollar proyectos cuya rentabilidad se alcanza en varios años, como la construcción de infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de sistemas de riego y el mejoramiento genético de cultivos y ganado.
A diferencia de otros sectores económicos con ciclos de inversión más cortos, el comercio agroalimentario depende de una planeación a largo plazo para garantizar la productividad, la seguridad alimentaria y el acceso a mercados internacionales, por lo que la posibilidad de modificar reglas comerciales cada año podría retrasar decisiones de inversión.
El mecanismo de revisiones anuales permitirá a los tres países evaluar el funcionamiento del tratado y negociar posibles ajustes sin que ello implique la cancelación del T-MEC, el cual mantiene su vigencia hasta 2036. Sin embargo, la falta de certeza sobre las condiciones futuras preocupa a productores, exportadores e inversionistas.
El sector agroalimentario representa uno de los pilares del intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con cadenas de suministro altamente integradas que dependen de reglas claras y previsibles para mantener su competitividad.
Ante este panorama, organismos del sector han llamado a que las revisiones del tratado se conduzcan con criterios técnicos y visión de largo plazo, a fin de preservar la confianza de los inversionistas y evitar afectaciones al desarrollo de la producción agroalimentaria en América del Norte.
El tratado mantiene plena vigencia jurídica hasta 2036, por lo que queda descartada su extinción en el corto plazo. Sin embargo, el mecanismo previsto en el propio acuerdo establece que, al no alcanzarse un consenso para ampliar su duración por 16 años adicionales, los tres países deberán realizar evaluaciones anuales para revisar su funcionamiento y atender los temas pendientes.
Este nuevo escenario genera incertidumbre entre los sectores productivos y financieros, ya que las revisiones periódicas permitirán renegociar aspectos específicos del tratado, particularmente aquellos que Estados Unidos considera desfavorables en materia de comercio, manufactura y empleo.
No obstante, especialistas coinciden en que el comercio regional continuará operando con normalidad, pues ninguna de las tres naciones ha iniciado un proceso formal para abandonar el acuerdo, lo que brinda certeza jurídica a las inversiones y al intercambio comercial en América del Norte.
Las reuniones anuales servirán como espacio para discutir diferencias relacionadas con reglas de origen, industria automotriz, acero, aluminio, energía y otros sectores estratégicos, sin que ello implique la suspensión del tratado.
