El gobierno de la presidenta Sheinbaum busca que el Estado produzca directamente las boletas electorales rumbo a los comicios de 2027
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la emisión de un decreto presidencial para reestructurar y fortalecer la gobernanza de Talleres Gráficos de México, como parte de una estrategia para transparentar la contratación de insumos electorales y evitar la intermediación de empresas proveedoras.
La decisión se produce después de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, diera a conocer una investigación sobre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por concentrar contratos relacionados con la producción de materiales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Entre los cambios previstos se encuentra la ampliación del Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, actualmente integrado por representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Anticorrupción y Buen Gobierno. La propuesta contempla incorporar a otras dependencias federales para fortalecer la supervisión de sus decisiones y operaciones.
También se prevé la participación de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de Monterrey, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tendría un papel de observadora en los procesos de contratación.
Uno de los objetivos centrales es que el Estado mexicano produzca directamente la mayor parte de los materiales electorales de alta seguridad, principalmente las boletas (¿?). En tanto, otros insumos, como urnas y mamparas, podrían adquirirse mediante licitaciones abiertas a fabricantes directos, con la intención de reducir intermediarios y promover condiciones de competencia.
Investigación apunta a contratos por más de 2 mil 400 mdp
De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la investigación identificó un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas, mediante el cual diversas empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas habrían participado para obtener contratos del INE y de organismos electorales locales.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast. Según los señalamientos oficiales, algunas de estas empresas no contaban con infraestructura industrial ni personal propio suficiente para realizar los trabajos contratados, por lo que habrían operado como intermediarias y subcontratado la producción.
Los contratos bajo investigación superarían los 2 mil 400 millones de pesos, correspondientes al periodo de 2014 a 2023, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.
La indagatoria también señala que el esquema habría operado durante varios años, aprovechando presuntas deficiencias en los mecanismos de contratación y en los criterios para establecer precios de materiales electorales.
Con el decreto, el Gobierno federal busca modificar la estructura administrativa de Talleres Gráficos de México y reforzar los controles sobre la fabricación y adquisición de materiales electorales, con miras al proceso electoral de 2027.
La reestructuración del organismo pretende establecer mayores mecanismos de vigilancia, transparencia y competencia en el suministro de insumos para las elecciones, pero también abre una amplia gama del fraude electoral, al producir el gobierno las boletas electorales.
