La medida precautoria alcanza a 25 personas físicas y 15 compañías bajo investigación por presuntas irregularidades en contrataciones electorales; UIF presentó una denuncia ante la FGR por posibles delitos financieros
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las de otras 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores del organismo, ante la detección de operaciones financieras consideradas de alto riesgo y posibles esquemas de simulación de competencia en contrataciones públicas.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la medida deriva de investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que identificaron una presunta red de cinco empresas vinculadas entre sí y relacionadas principalmente con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Las compañías señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México. En conjunto, habrían obtenido contratos por más de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante procedimientos que ahora son objeto de revisión.
Entre los posibles conflictos de interés que han sido reportados se encuentra una presunta relación sentimental entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas. También se señaló que Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñaba como chofer y persona de confianza de la exfuncionaria, figuraba como apoderado legal de una de las empresas proveedoras del instituto.
Las contrataciones bajo sospecha incluyen la adquisición de materiales para la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, así como el contrato plurianual para la producción de la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031.
El caso también se relaciona con la salida de Taddei de la presidencia del INE, ocurrida el pasado 25 de octubre, en medio de cuestionamientos por los contratos asignados a proveedores del organismo y reportes sobre un viaje de su hijo a París. Tras su renuncia, Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia interina del instituto.
En el ámbito legal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen los posibles delitos financieros y se determinen las responsabilidades correspondientes.
De manera paralela, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral e histórica de las adjudicaciones realizadas por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a fin de examinar los procedimientos de contratación.
Las autoridades han precisado que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa y precautoria, por lo que no representa una sentencia ni acredita por sí mismo la responsabilidad penal de las personas involucradas. Los señalados conservan su derecho de audiencia y podrán ejercer los recursos legales correspondientes.
