La violencia escolar ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis que crece sin contención. Hoy más que nunca, resulta urgente encontrar mecanismos efectivos que permitan a las escuelas convertirse en espacios verdaderamente seguros, donde las y los alumnos no solo estén protegidos, sino también acompañados para sanar las heridas que, muchas veces, arrastran desde casa.
De acuerdo con el secretario de Educación en Hidalgo, Natividad Castrejón, hay niñas, niños y jóvenes que encuentran mayor seguridad en la escuela que en sus propios hogares. La afirmación no es menor. Refleja una realidad dolorosa: el hogar, que debería ser el primer refugio, se ha convertido en muchos casos en el origen de la violencia.
Sin embargo, también es cierto que dentro de las aulas persisten dinámicas de maltrato que derivan en miedo, frustración, enojo y depresión. En los casos más extremos, estas emociones han llevado al suicidio, como ya ha ocurrido en distintas escuelas de Hidalgo y del país. Lo más alarmante es que estos episodios no son excepcionales; son cada vez más frecuentes.
Las autoridades educativas, por sí solas, no pueden contener esta problemática. La responsabilidad también recae en los padres de familia, quienes deben observar, escuchar y actuar ante cualquier señal de alerta. Pero en la práctica, esto rara vez ocurre: ya sea por falta de tiempo, desinterés o porque ellos mismos viven inmersos en entornos de violencia que terminan replicándose en sus hijos.
El propio secretario ha reconocido que enfrentamos una descomposición social que se traduce en agresiones dentro de las aulas, muchas veces impunes. El docente, limitado por protocolos y por el temor de poner en riesgo su integridad o su plaza, queda atado de manos frente a situaciones que requieren intervención inmediata.
El resultado es un círculo vicioso: violencia en casa, violencia en la escuela y una cadena de omisiones que permite que el problema crezca sin control.
Tizayuca es hoy uno de los ejemplos más claros. Los focos rojos se encendieron tras la amenaza de un tiroteo por parte de un alumno que denunció la indiferencia de docentes y autoridades frente al bullying. Ese mismo día, otro plantel en la misma zona registró un incidente similar. A ello se suma un video viral en el que dos alumnas protagonizan una pelea brutal frente a compañeros y madres de familia; fueron padres —no autoridades— quienes intervinieron para detener la agresión.
No es casualidad. El crecimiento acelerado de esta demarcación ha traído consigo problemáticas sociales que avanzan al mismo ritmo, sin planeación ni contención.
Sí, existen protocolos. Pero el problema de fondo es evidente: no hay prevención, no hay atención oportuna y no hay una estrategia integral que rompa este ciclo de violencia.
La violencia escolar no solo deja víctimas inmediatas; genera un riesgo latente para toda la comunidad educativa. Niñas, niños, jóvenes y docentes conviven en un entorno donde cualquier incidente puede escalar.
Es momento de que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, junto con los Consejos Escolares y las organizaciones de padres de familia, actúen con seriedad y urgencia. Permanecer inmóviles ante esta realidad no es opción.
Porque entonces la pregunta es inevitable: ¿qué clase de sociedad estamos construyendo y hacia dónde queremos llegar?
