El Departamento del Tesoro amplía el cerco financiero sobre funcionarios cubanos y organismos clave del régimen; Washington advierte a empresas extranjeras sobre posibles represalias
WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, integrantes de su familia y miembros del círculo cercano al poder en la isla, como parte de una estrategia para incrementar la presión sobre el gobierno cubano.
Las medidas, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, contemplan el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos, empresas o entidades estadounidenses para diversos funcionarios cubanos.
Entre los sancionados figuran la esposa del mandatario, Lis Cuesta Peraza; Alejandro Castro Espín; Raúl Alejandro Castro, nieto del exmandatario cubano; y Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel.
Además de las sanciones personales, Washington amplió las restricciones contra organismos considerados estratégicos para el funcionamiento del gobierno cubano, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia turística Amistur Cuba y la empresa minera La Victoria.
El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que empresas, instituciones financieras y socios comerciales internacionales que mantengan operaciones con las entidades sancionadas podrían enfrentar restricciones adicionales por parte del gobierno estadounidense.
La decisión forma parte del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana, en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y las acusaciones de actividades consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.
Las nuevas sanciones también han generado repercusiones en el ámbito económico internacional. Diversas empresas vinculadas al sector turístico y financiero han reducido o suspendido operaciones en la isla, lo que podría incrementar la presión sobre una economía cubana que enfrenta dificultades derivadas de la escasez de divisas, combustibles y productos básicos.
