Ruptura del pacto entre La Familia Michoacana y el CJNG habría desatado los ataques en la sierra de Guerrero; Guardia Nacional emboscada
Tres personas muertas y al menos nueve heridas fue el saldo de dos enfrentamientos armados ocurridos el miércoles en comunidades de la Sierra de Guerrero, ubicadas entre las regiones de Tierra Caliente y la Costa Grande, en lo que parece ser una nueva escalada de violencia tras la ruptura de un pacto de no agresión entre grupos criminales.
El primer hecho violento se registró en la comunidad de Zihuaquio, en la región de Tierra Caliente, donde un ataque armado dejó tres muertos, entre ellos presuntamente civiles.
El comisario del pueblo resultó herido, lo que desató una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona.
Tras el ataque, las autoridades estatales y federales establecieron seis Bases de Operaciones Mixtas integradas por elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para reforzar la vigilancia.
Sin embargo, cuando un convoy de la Guardia Nacional se dirigía hacia Zihuaquio, fue emboscado por un grupo armado, lo que dejó nueve elementos heridos. La agresión ocurrió en un tramo montañoso de difícil acceso, lo que complicó el arribo de refuerzos y servicios de emergencia.
De acuerdo con versiones extraoficiales, la tregua entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación —vigente hasta hace apenas unos días— se habría roto, desatando una serie de reacomodos violentos en el control territorial.
Las autoridades aún no confirman oficialmente la identidad de los grupos responsables de los ataques, aunque fuentes de inteligencia advierten que la zona se ha vuelto estratégica para las organizaciones delictivas por su ubicación y rutas de trasiego.
El gobierno del estado no ha emitido un posicionamiento formal, mientras se mantiene un operativo especial en la zona serrana, donde la población permanece en alerta ante nuevos enfrentamientos.
Estos hechos se suman a una ola de violencia que ha recrudecido en varias regiones de Guerrero, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la fragilidad de los pactos criminales y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en zonas rurales y de difícil acceso.
