Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena a López Obrador y al DOF eliminar la publicación de la reforma judicial
Jueza federal ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial, realizada el 15 de septiembre.
Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito con residencia en Veracruz, otorgó una suspensión definitiva que ordena eliminar la publicación de la reforma del Poder Judicial hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido.
El acuerdo subraya que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución.
Con la mandataria electa Claudia Sheinbaum como testigo de honor, el presidente López Obrador publicó el 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial, cuya principal premisa es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Dicha publicación se llevó a cabo en medio de las protestas de trabajadores del Poder Judicial, que mantienen desde el 21 de agosto un paro de labores contra la reforma.
La resolución, aclaro la jueza, se dio de manera independiente y “en cumplimiento a la efectiva división de poderes“, derivada de conceder la suspensión definitiva al amparo que trabajadoras del Poder Judicial promovieron contra el proceso de discusión y aprobación, así como a la declaratoria, aprobación y posterior firma del decreto por parte del primer mandatario el pasado 15 de septiembre.
Asimismo, apuntó que en este caso se considera que, de otorgar la medida, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público.
«Lo cierto es que también existe un especial interés en que los procesos que se realicen para reformar la Constitución, se apeguen a los estándares respecto a los derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza”, señaló.
Sin embargo precisó que, por el contrario, si no se concediera la suspensión de los actos, “se corre el grave riesgo de que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, se erosione en perjuicio de las quejosas“.
