El Instituto aclara que no se elimina el tripartismo ni se reduce la vigilancia en el uso de recursos; al contrario, se amplían beneficios sociales y de vivienda
La reciente reforma a la Ley del INFONAVIT ha generado opiniones encontradas; sin embargo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aclara que los cambios no eliminan el modelo tripartita ni reducen los mecanismos de vigilancia sobre los recursos, como han afirmado algunas voces. Por el contrario, se refuerza la supervisión y se consolidan mejoras sustanciales en beneficio de las y los trabajadores.
El INFONAVIT seguirá operando como una institución tripartita, en la que participan representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno federal en sus principales órganos de decisión: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia y otras instancias clave. Afirma el Instituto.
Añade que, además, se incrementa la transparencia y la vigilancia sobre el uso de los recursos. A los esquemas ya existentes de control por parte de la SHCP, la CNBV y las auditorías internas y externas, se suma ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto refuerza el compromiso del Instituto con la legalidad, la seguridad jurídica y el combate a la corrupción. Se afirma.
Entre los beneficios directos para las y los trabajadores destacan:
La construcción de al menos 500 mil viviendas de interés social en los próximos cinco años, enfocadas en personas con menores ingresos.
Nuevas opciones de adquisición o renta con opción a compra, especialmente para jóvenes y trabajadores de bajos recursos.
La protección del patrimonio de los derechohabientes, ya que los recursos en la Subcuenta de Vivienda permanecen intocables y sólo pueden ser usados para fines habitacionales.
El congelamiento de 2 millones de créditos impagables, como medida de justicia social para quienes enfrentaban deudas crecientes y fuera de su alcance.
Se subraya que, con esta reforma, el INFONAVIT reafirma su carácter social y solidario, con el objetivo de garantizar una vivienda adecuada, segura y bien planificada. Como lo señala el propio Instituto: “La vivienda es un derecho, no una mercancía”.
