Especialistas, legisladores, autoridades y familiares de víctimas participan en mesas de trabajo para analizar la iniciativa de Ley General impulsada por Claudia Sheinbaum
Las Comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República iniciaron las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El encuentro, realizado en la Antigua Casona de Xicoténcatl, busca generar un espacio de análisis y construcción colectiva que permita enriquecer el proyecto de legislación y establecer un marco nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por feminicidio.
Durante la inauguración, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que la propuesta representa una oportunidad para homologar el delito de feminicidio, establecer estándares nacionales de investigación, fortalecer la prevención y combatir la impunidad.
Informó que las comisiones recibieron 796 propuestas legislativas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios que integran el proyecto. Además, se registraron 174 personas para formular propuestas y más de 90 participantes se sumaron para acompañar los trabajos.
Mícher Camarena subrayó que las aportaciones deberán traducirse en disposiciones coherentes y aplicables, por lo que el objetivo no es únicamente recopilar opiniones, sino obtener elementos que permitan mejorar el contenido de la legislación.
En este proceso, señaló, tendrán un papel central las familias de las víctimas, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, colectivas y defensoras de derechos humanos, quienes durante años han acompañado casos y exigido una actuación efectiva de las autoridades.
Buscan homologar el delito en todo el país
La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, señaló que una de las problemáticas actuales son las diferencias existentes entre las legislaciones estatales, situación que puede generar disparidades tanto en los supuestos del delito como en las sanciones.
Explicó que la propuesta contempla trabajar en la homologación del delito en las entidades federativas, respetando sus competencias y soberanía. “Nunca más victimarios escondidos detrás de un estado que no haya querido hacer su tarea o que no la haya podido hacer”, advirtió.
Por su parte, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la iniciativa plantea una respuesta nacional frente a las violencias feminicidas y consideró necesario analizarla con responsabilidad mediante un diálogo abierto, técnico y objetivo.
El legislador señaló que el proyecto busca superar la fragmentación normativa, mejorar las investigaciones, proteger a las víctimas y combatir la impunidad, aunque reconoció que existen aspectos que requieren revisión para garantizar que la legislación sea eficaz y aplicable.
En tanto, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la futura legislación debe articular prevención, atención y sanción, además de garantizar que las mujeres tengan acceso a un mismo estándar de protección sin importar la entidad donde residan.
Más de 37 mil mujeres víctimas de muerte violenta
En representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la iniciativa representa un paso importante para superar los obstáculos que han impedido contar con una legislación general en esta materia.
De acuerdo con las cifras citadas durante el encuentro, más de 37 mil mujeres fueron víctimas de muerte violenta entre enero de 2015 y julio de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Asimismo, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, destacó que actualmente el feminicidio se encuentra regulado de manera diferente en las 32 entidades federativas, por lo que uno de los objetivos es establecer un tipo penal sólido y homologado, incluyendo razones de género, agravantes y penas.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, así como políticas públicas para su atención y acceso a la justicia.
Autoridades federales, representantes de organismos internacionales y especialistas coincidieron en que la respuesta del Estado debe comenzar desde la prevención y atención oportuna, y no únicamente después de que ocurre un feminicidio.
La representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, calificó la iniciativa como un paso decisivo para establecer un estándar nacional de protección para las mujeres, mientras que representantes de fiscalías destacaron la importancia de que el Senado escuche a quienes investigan, litigan, juzgan y acompañan directamente estos casos.
