La minuta establece requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; legisladores confrontaron posturas sobre soberanía, doble nacionalidad y derechos de migrantes
En sesión ordinaria, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo avalaron con 21 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones la minuta de reforma en materia de nacionalidad única para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.
La propuesta, enviada por el Poder Legislativo federal, establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con lo expuesto durante la discusión, quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
Durante el debate, la diputada Paloma Barragán Santos, de Morena, explicó que el objetivo de la reforma es que quienes aspiren a ocupar estos cargos posean únicamente la nacionalidad mexicana, al considerar que se trata de posiciones de alta responsabilidad para la conducción política y administrativa del país.
En respaldo al dictamen, la legisladora María del Rosario Guerrero Martínez, de Morena, señaló que la medida busca fortalecer la soberanía, la lealtad institucional y prevenir posibles conflictos de interés. En tanto, el diputado José María Alejandro Pérez Ramírez, de Nueva Alianza, sostuvo que la reforma pretende garantizar un compromiso exclusivo con México de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos.
Debate por doble nacionalidad
La discusión generó posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios. La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, anunció el voto en contra de su bancada y sostuvo que la defensa de la soberanía no debe sustentarse en la sospecha hacia las personas mexicanas que cuentan con doble nacionalidad.
En el mismo sentido, la diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, argumentó que tener una segunda nacionalidad no determina la lealtad hacia México, mientras que su compañero de bancada, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, cuestionó que la nacionalidad pueda utilizarse como parámetro para determinar el compromiso de una persona con el país.
Alcántara Carbajal también planteó que el criterio de lealtad debería analizarse frente a otros casos de funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción o posibles vínculos con actividades ilícitas, postura que fue acompañada durante el debate por cuestionamientos de la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas.
Luna Islas criticó además la falta de consulta, según expuso, a especialistas, organizaciones y comunidades migrantes. La legisladora defendió los vínculos de las personas mexicanas que viven en el extranjero con el país y señaló que contar con otra nacionalidad no implica abandonar sus raíces ni su relación con México.
Morena defiende alcance de la reforma
Por Morena, la diputada Diana Rangel Zúñiga sostuvo que la reforma busca colocar la soberanía y la libre determinación de México por encima de diferencias partidistas. Ante los cuestionamientos sobre la situación de las personas migrantes, aclaró que la minuta no les impide regresar al país ni conservar sus derechos como mexicanos, sino que establece requisitos específicos para quienes pretendan ocupar determinados cargos ejecutivos.
Rangel Zúñiga explicó que, entre los requisitos contemplados para la Presidencia de la República, se encuentra ser mexicano por nacimiento, renunciar a otra nacionalidad antes de solicitar el registro de candidatura y acreditar una residencia mínima de 20 años en el país.
Por su parte, la legisladora Mónica Leanett Reyes Martínez, de Nueva Alianza, llamó a considerar el contexto internacional al analizar la reforma, particularmente frente a antecedentes y señalamientos relacionados con posibles intervenciones extranjeras y la defensa de la soberanía nacional.
El diputado José Luis Rodríguez Higareda, de Morena, también defendió la medida a partir de antecedentes históricos de influencia extranjera y decisiones adoptadas por gobiernos mexicanos en distintos momentos.
Finalmente, María del Rosario Guerrero Martínez subrayó que la propuesta no elimina el derecho de las personas a conservar una doble nacionalidad ni les impide participar en la vida política, sino que establece requisitos particulares para quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados en la reforma.
