Legisladora del PRD propone reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ciudad de México. – La diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD, presentó una iniciativa de reforma y adición diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que los antecedentes de violencia de género se consideren una causal para negar el otorgamiento de la licencia de portación de armas, de manera individual, colectiva o para la cancelación de ésta.
El documento turnado a la Comisión de Defensa Nacional puntualiza que las licencias de portación de armas podrán cancelarse cuando los poseedores se encuentren bajo investigación por violencia de género o intrafamiliar.
Refiere que la Secretaría de la Defensa Nacional dictará una suspensión precautoria, misma que deberá ser ratificada al momento de contar con una resolución firme de la autoridad jurisdiccional. Durante este periodo, el arma deberá quedar bajo resguardo temporal de esta dependencia.
La legisladora indicó que es una demanda de la sociedad civil, que exige la erradicación de los feminicidios y la justicia para las víctimas de la violencia por razón de género.
Explicó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de la administración, diez mil 473 mujeres han muerto en circunstancias violentas.
Agregó que, en el periodo de enero a agosto de 2021, los estados que han registrado más casos de feminicidios son: estado de México, con 97 casos; Jalisco, 51; Veracruz, 50; Ciudad de México, 42; Nuevo León, 35; Chiapas y Chihuahua, 34, y Sonora 31 casos.
Datos del SESNSP indica que siete de cada diez mujeres son violentadas y once son asesinadas al día.
En el caso de las armas de fuego, la diputada del PRD señala que en el segundo trimestre de 2021 se registraron en las entidades federativas siete mil 373 armas ante la Sedena.
Ante este panorama, la diputada Pérez Valdez urgió replantear las políticas de portación de armas para los particulares, los requisitos para las licencias colectivas y las políticas para otorgar armas a los integrantes de las dependencias e instituciones públicas
