gerardo flores

NADIE ESTÁ contento con la pobre respuesta gubernamental que se dio ante la tragedia que generó Otis en Acapulco. Quedó claro que no existe un plan o programa expedito para hacer frente a desastres provocados por la naturaleza.

También se evidenció que, pese a las explicaciones breves y desatinadas de funcionarios de Hacienda por convencernos de lo contrario, no se cuenta con un fondo con recursos públicos para atender desastres tan graves como un huracán categoría 5.

Pesan y provocan vergüenza las palabras de una alcaldesa como Abelina López, quien dice estar al frente del Ayuntamiento de Acapulco, pero da pena ajena, no sólo porque tardó más de 36 horas en aparecer para apoyar a la población que votó por ella, sino porque considera que son “cohesión social” los actos de rapiña o saqueó que como autoridad debió atajar desde el primer minuto de la tragedia.

Durante 48 horas se vivió la angustia por el desastre que causó Otis y que de tajó acabó con la vida de decenas de personas, terminó con miles de negocios, frenó la actividad económica del otrora paraíso turístico, dejó sin empleo a cientos de miles de acapulqueño y provocó la pérdida de su patrimonio.

La sumatoria de los daños mortales y económicos continúa y se extenderá por lo menos durante medio año.

Lo único que los acapulqueños tienen en la mano es la solidaridad de sus familiares y amigos, así como la de organismos de la sociedad civil que desde las primeras horas de la tragedia se aprestaron a enviar ayuda al puerto.

Están, por ejemplo, las despensas de la Cruz Roja y la UNAM enviadas a los damnificados; los donativos de organismos financieros mundiales y bancos multilaterales como los 500 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); los 250 mil dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y los 200 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- para ayuda humanitaria.

Hay una negociación para que con el apoyo de dichos bancos se logren garantías que complementen las de la banca de desarrollo mexicana para incrementar la capacidad de financiamiento barato a empresas privadas para la reconstrucción y recuperación de negocios en el estado.

El problema crece día con día porque hay parálisis de la economía local, no sólo de Acapulco, sino de otros poblados cercanos.

Recordamos que en Acapulco hay más de 50 mil negocios formales y que suman más de un millón de afectados.

No debemos olvidar que la PEA de Acapulco es de 1.5 millones de personas y que otros 800 mil trabajan en la economía informal, y que el problema es que el 80% de ellos viven del turismo.

Acapulco no tendrá la misma cifra de turistas por lo menos en los próximos 6 meses y la recuperación será aún más lenta. Seguramente serán cancelados muchos eventos previstos para la temporada de invierno y la miseria no terminará de irse de esa zona, que ha tardado en salir a flote por la inseguridad que han provocado las células del crimen organizado.

Hay que destacar que el universo de asegurados en Acapulco es menor al 5% de la población total y son pocas las vivienda, unidades económicas y automóviles que cuentan con una póliza que les brinde una cobertura en dicho destino, mediante la cual pueden recuperar parte del daño patrimonial. Así que la mayoría deberá atender sus problemas de manera personal o cerrar y esperar mejores tiempos, exactamente como ocurrió en la pandemia sanitaria.


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