La politóloga Denise Dresser calificó como un “eufemismo gubernamental” la explicación sobre un supuesto ecosistema digital de amplificación artificial y advirtió sobre el riesgo de señalar a voces críticas
La politóloga y columnista Denise Dresser cuestionó el análisis presentado por la Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, en el programa gubernamental “Derecho de Réplica”, luego de que fueran exhibidos nombres de periodistas, comunicadores y figuras públicas identificados por su postura crítica hacia la administración federal.
La presentación generó controversia el 12 de agosto de 2026, debido a que distintos sectores interpretaron el ejercicio como una especie de “lista negra” de personas críticas del gobierno.
Ante los señalamientos, el Gobierno federal sostuvo que no se trataba de una lista de periodistas, sino de un estudio metodológico enfocado en identificar el funcionamiento de un “ecosistema digital de amplificación artificial”, relacionado con tendencias y contenidos contrarios a la narrativa oficial.
Dresser reaccionó al planteamiento a través de su cuenta de X, donde ironizó sobre el concepto utilizado por las autoridades y lo calificó como un “eufemismo gubernamental”.
La analista sostuvo que los gobiernos con rasgos autoritarios históricamente han recurrido a listas para identificar o señalar a personas consideradas incómodas, y cuestionó que en la actualidad estas prácticas puedan presentarse bajo términos relacionados con la tecnología y el análisis de redes digitales.
La polémica también provocó pronunciamientos de periodistas, investigadores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Entre ellos, el sociólogo Raúl Trejo Delarbre y Artículo 19 han expresado preocupación por la exposición pública de voces críticas desde plataformas vinculadas al Estado.
Los cuestionamientos se centran en que la identificación pública de periodistas y comunicadores podría contribuir a un ambiente de hostigamiento y generar riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando las personas señaladas mantienen una postura crítica frente al gobierno.
La controversia se mantiene en torno a los alcances y objetivos del análisis presentado por la Consejería Jurídica, así como a la forma en que las autoridades pueden estudiar la actividad digital sin afectar los derechos de periodistas, comunicadores y ciudadanos a expresar libremente sus opiniones.
