Hay despertares que llegan con el sonido de un despertador y otros que irrumpen como una auditoría de la realidad
El México que amaneció después del Mundial de 2026 dejó atrás la euforia de los estadios, las ceremonias impecables y la hospitalidad exhibida al mundo. Terminó el torneo y volvió el país de siempre: el de los expedientes inconclusos, las sospechas persistentes y las preguntas sin respuesta.
En cuestión de días, la agenda pública pareció comprimirse. La reapertura del caso Emilio Lozoya recordó que en México la justicia suele caminar con un calendario político más que judicial. Lo que parecía archivado vuelve a escena con la promesa de nuevas diligencias y nuevas responsabilidades.
La pregunta, sin embargo, permanece intacta: ¿esta vez el desenlace será distinto o simplemente asistimos a otro capítulo de un expediente interminable? La historia reciente aconseja prudencia antes que entusiasmo.
Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos volvió a endurecerse. Los nuevos aranceles anunciados por Washington reafirman que la integración económica nunca ha eliminado la lógica de la presión política. La frontera comercial continúa siendo un instrumento de negociación y castigo.
Para una economía profundamente vinculada al mercado estadounidense, cada decisión de esa naturaleza trasciende el terreno de las exportaciones: afecta inversiones, empleo y confianza.
En materia de seguridad, la ofensiva contra estructuras financieras y operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación volvió a ocupar los titulares. Las sanciones, detenciones y congelamiento de activos muestran una coordinación binacional que hace algunos meses parecía improbable. La persecución del dinero ilícito confirma que el crimen organizado no sólo se combate con patrullas, sino siguiendo el rastro de los recursos que sostienen su poder.
Pero la noticia que mayor discusión política provocó fue la vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por presuntos delitos relacionados con una red de huachicol fiscal. El hecho posee un enorme simbolismo: Ruffo fue el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna del país y una figura emblemática de la transición democrática. Nadie debería aspirar a inmunidad por su trayectoria; si existen pruebas, corresponde que los tribunales las valoren. La igualdad ante la ley exige precisamente eso.
Sin embargo, el principio de igualdad pierde fuerza cuando la percepción pública advierte tratamientos distintos para casos políticamente semejantes. Mientras un exgobernador opositor enfrenta prisión preventiva y un proceso penal, continúan abiertas las exigencias de esclarecer los señalamientos que pesan sobre gobernadores en funciones, particularmente Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California.
Conviene precisar que ambos han rechazado las acusaciones y, en el caso de Rocha, el Gobierno de México ha sostenido que las imputaciones estadounidenses no han sido acompañadas de pruebas suficientes para proceder judicialmente. Esa diferencia jurídica es relevante; también lo es la diferencia política en la velocidad y contundencia con que unas investigaciones avanzan y otras permanecen en el terreno de las declaraciones.
El problema, entonces, no radica en investigar a unos. El verdadero problema sería dejar de investigar a otros. La justicia selectiva termina pareciéndose demasiado a la impunidad administrada.
Los gobiernos democráticos no fortalecen su legitimidad cuando castigan adversarios, sino cuando demuestran que los aliados tampoco están por encima de la ley. La confianza pública no nace de los discursos sobre el Estado de derecho, nace de la consistencia con que éste se aplica.
Quizá ése sea el verdadero despertar después del Mundial. Descubrir que, apagados los reflectores internacionales, México sigue enfrentando el mismo desafío institucional: convencer a los ciudadanos de que la ley no distingue colores partidistas, amistades políticas ni conveniencias coyunturales.
Mientras esa convicción no se construya con hechos verificables, cada detención será celebrada por unos y sospechada por otros; cada reapertura de un expediente parecerá una decisión política antes que judicial, y cada discurso sobre el combate a la corrupción seguirá acompañado de una incómoda pregunta: ¿la justicia avanza… o simplemente cambia de destinatario?
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
