Las Rutas de la Reconstrucción que esta semana puso en marcha el gobernador Julio Menchaca Salazar en los municipios afectados por las lluvias representan una señal alentadora para cientos de familias que, desde octubre de 2025, esperan recuperar la normalidad.
Durante estos recorridos, el mandatario supervisa la rehabilitación de puentes, carreteras, muros de contención y demás infraestructura pública dañada por el fenómeno hidrometeorológico. No se trata únicamente de reconstruir obra pública, sino de restablecer la conectividad, la seguridad y las condiciones mínimas para que numerosas comunidades retomen su vida cotidiana.
De ahí que el mensaje del gobernador sea directo: “Queremos que ya regresen a la normalidad”.
La reconstrucción contempla 129 obras, con una inversión superior a mil 930 millones de pesos. De acuerdo con los datos oficiales, 34 ya fueron concluidas, 18 se encuentran en ejecución, 50 están en proceso de validación y contratación, mientras que otras 25 permanecen en etapa de validación en municipios como Chapulhuacán, Pisaflores, Huejutla, Nicolás Flores, Xochicoatlán y Zimapán.
El esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y estatal no es menor. Previo al inicio de estas giras, la Secretaría de Infraestructura Pública, la Comisión Estatal de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentaron avances sobre uno de los temas más sensibles de esta tragedia: la reconstrucción de viviendas.
Las cifras indican que 2 mil 866 viviendas deberán ser reubicadas en 23 municipios. De ese total, 476 familias informaron que cuentan con un terreno propio, ubicado fuera de zonas de riesgo, donde podrán reconstruir su patrimonio.
En tanto, 2 mil 390 familias están consideradas para recibir un apoyo económico único y directo, con el compromiso de conseguir por su cuenta un lote seguro para edificar una nueva vivienda.
Es precisamente en este punto donde deberá existir una supervisión rigurosa. Sin seguimiento técnico y administrativo, existe el riesgo de que el recurso termine destinado a otras necesidades urgentes y no cumpla el objetivo para el cual fue otorgado. No se trata de desconfiar de las familias damnificadas, sino de garantizar que el dinero público se traduzca efectivamente en viviendas seguras.
La recuperación no puede limitarse a la entrega de recursos. Será necesario acompañar a los beneficiarios durante la adquisición del terreno, la revisión de las condiciones del suelo, la construcción y la comprobación del destino del apoyo. De lo contrario, dentro de algunos años podrían persistir las mismas carencias que hoy se pretende resolver.
Los fenómenos meteorológicos serán cada vez más intensos y frecuentes. Hidalgo, México y el mundo enfrentan una nueva realidad climática que obliga a modificar la manera en que se diseñan las ciudades, se autorizan asentamientos y se protege a las comunidades.
La lección no consiste únicamente en reconstruir después de la tragedia. También implica cuidar el medio ambiente, evitar asentamientos en zonas peligrosas y promover prácticas que reduzcan el deterioro del entorno. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos, que deben transitar de una política reactiva a una verdadera cultura de prevención.
Invertir en sistemas de alerta temprana, actualizar los atlas de riesgo, establecer rutas de evacuación, capacitar a las comunidades y realizar campañas permanentes de protección civil siempre será menos costoso que reconstruir pueblos enteros después de un desastre.
El gobernador ha señalado que Hidalgo cuenta con alrededor de 4 mil 500 comunidades dispersas en todo el territorio estatal. En la zona norte abundan localidades con menos de 500 habitantes, condición que complica la llegada de servicios, infraestructura y atención inmediata durante una emergencia.
Esa dispersión territorial representa uno de los mayores retos para cualquier administración. No obstante, también obliga a diseñar soluciones diferenciadas y permanentes para las regiones históricamente más vulnerables.
La infraestructura puede recuperarse y las rutas pueden volver a abrirse. Las vidas perdidas, no.
Hidalgo conoce bien el costo de la falta de prevención: 23 personas fallecidas y ocho más desaparecidas. Esa es la parte de la tragedia que ninguna inversión podrá reparar.
Por ello, la reconstrucción debe avanzar con rapidez, transparencia y vigilancia. Pero, sobre todo, deberá dejar una lección permanente: ante los fenómenos naturales, la prevención no es un gasto ni un discurso institucional; es la diferencia entre enfrentar una emergencia y lamentar una nueva tragedia.
