La orden ejecutiva de Trump establece un plazo de 90 días para determinar si ambas especies cumplen criterios para reducir o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción; ambientalistas advierten riesgo para la especie
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para revisar el estatus de protección del lobo gris y del lobo gris mexicano bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), una medida que podría abrir la puerta a una mayor intervención de los ganaderos contra estos depredadores.
La disposición, firmada el viernes 4 de septiembre durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, rodeado de líderes del sector ganadero, instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar en un plazo de 90 días si ambas poblaciones han alcanzado los criterios de recuperación establecidos para reducir o retirar su protección federal.
Durante el acto, Trump preguntó si los ganaderos ya podían disparar a los lobos. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó que mientras permanezcan protegidos por la legislación federal, abatirlos continúa siendo ilegal. Sin embargo, agregó que Burgum tendría que realizar algunos cambios para avanzar en esa dirección.
La orden no autoriza una cacería inmediata
Aunque el mandatario afirmó durante el encuentro que los ganaderos podrían proteger sus animales, el texto de la orden no establece una autorización automática para matar lobos. En cambio, ordena revisar las condiciones de recuperación y, si se determina que fueron cumplidas, iniciar los procedimientos para retirar o reducir las protecciones previstas por la ESA.
Asimismo, el gobierno estadounidense deberá considerar modificaciones a las reglas y lineamientos para facilitar la respuesta ante ataques contra ganado o situaciones que representen una amenaza para la seguridad humana, siempre dentro del marco legal aplicable.
El lobo mexicano, todavía lejos de una recuperación plena
La decisión genera especial preocupación por el lobo gris mexicano, una de las subespecies de lobo más amenazadas de América del Norte.
Después de décadas de campañas de exterminio mediante cacería, trampas y envenenamiento, la especie llegó a desaparecer de la vida silvestre en Estados Unidos. Su recuperación comenzó con un programa binacional de reproducción y reintroducción que tuvo como base a los siete ejemplares fundadores capturados a finales de la década de 1970.
Actualmente, la población silvestre en Arizona y Nuevo México muestra una recuperación sostenida. El conteo oficial más reciente registró al menos 319 lobos al cierre de 2025, frente a los 286 contabilizados en 2024.
Sin embargo, la cifra todavía se encuentra por debajo del criterio establecido en el actual plan de recuperación, que contempla un promedio de al menos 320 lobos durante cuatro años, además de otros parámetros relacionados con la diversidad genética.
En México también continúan los esfuerzos de recuperación de la subespecie mediante programas de reproducción, traslado y manejo genético. En 2026 fueron trasladados 12 lobos desde Estados Unidos a México como parte de estas acciones binacionales.
Organizaciones ambientalistas preparan oposición
Grupos defensores de la vida silvestre cuestionan que la administración Trump busque reducir las protecciones cuando la población aún enfrenta problemas de diversidad genética y permanece en una etapa considerada vulnerable de recuperación.
Organizaciones como el Center for Biological Diversity, Sierra Club y Grand Canyon Wolf Recovery Project han advertido que retirar prematuramente las protecciones podría poner en riesgo décadas de trabajo de conservación. Los defensores del lobo sostienen que el crecimiento poblacional no es el único indicador que debe considerarse antes de modificar su estatus legal.
La orden de Trump abre ahora un nuevo proceso administrativo que podría derivar en una reducción de las restricciones federales. El desenlace dependerá de la evaluación del Departamento del Interior y de los procedimientos que, en su caso, se inicien posteriormente para modificar el estatus de protección de ambas poblaciones.
