Ignacio Mier llamó a investigar las presuntas irregularidades conforme a la ley y planteó una revisión profunda de los procedimientos administrativos del organismo electoral
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que están garantizadas las próximas elecciones para renovar la Cámara de Diputados y más de 19 mil cargos públicos locales, entre ellos 17 gubernaturas, pese a los problemas administrativos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE).
En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que las irregularidades detectadas en el organismo deben investigarse y sancionarse conforme a la ley, sin impunidad ni privilegios; no obstante, pidió evitar que estos señalamientos afecten la confianza en la organización de los comicios.
Mier Velazco señaló que la prioridad debe ser garantizar la participación ciudadana en un proceso desarrollado bajo los principios de legalidad, certeza, transparencia, equidad y máxima publicidad.
En ese sentido, llamó a ciudadanos, medios de comunicación y partidos políticos a centrar la discusión en los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la expresidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sin perder de vista las tareas de preparación electoral.
Entre los principales retos mencionó la capacitación necesaria para instalar más de 170 mil casillas y promover la participación de ciudadanos, candidatos y fuerzas políticas. También consideró necesario que las instancias de fiscalización del Instituto colaboren con la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer posibles responsabilidades.
El senador planteó que, una vez concluido el proceso electoral, se realice una revisión integral de la estructura administrativa del INE, incluidos sus procedimientos, manuales y lineamientos para adjudicaciones y licitaciones, con el objetivo de evitar la intermediación irregular de proveedores, a quienes se refirió como “brókers o coyotes”.
Sobre el origen de los problemas, atribuyó parte de ellos a la reforma electoral de 2014, al considerar que la modificación buscó retirar el control de los organismos electorales locales a quienes calificó como “virreyes”, pero terminó afectando la soberanía de las entidades federativas.
A su juicio, ese cambio propició una mayor centralización en la administración de los recursos del INE y de los institutos electorales estatales, además de generar normativas que, afirmó, favorecieron a determinados proveedores.
Pese a sus señalamientos, Mier reconoció que el Instituto ha consolidado un sistema para organizar elecciones y garantizar la participación ciudadana. Insistió en que los problemas administrativos deben atenderse por las vías legales y que las decisiones sobre los funcionarios señalados deben sustentarse en los procedimientos correspondientes.
Finalmente, sostuvo que se requiere una revisión profunda del organismo electoral y pidió no desviar la discusión hacia lo que calificó como intereses de sectores de derecha presuntamente afectados por las decisiones que se tomen.
