La aeronave Bell 429 GlobalRanger, adquirida por el gobierno de Mara Lezama, es señalada por sobreprecio de 3.5 veces más que su valor de fábrica en el mercado y por su vinculo con empresa contratista
La adquisición de un helicóptero por 440 millones de pesos por parte del Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, generó cuestionamientos debido a que el monto pagado sería considerablemente superior al precio de referencia de la aeronave en el mercado.
Se trata de un Bell 429 GlobalRanger, helicóptero bimotor que fue incorporado a las operaciones estatales bajo el nombre de “Águila II”. De acuerdo con reportes periodísticos, el precio de fábrica de un modelo de estas características ronda los 7.5 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 145 millones de pesos, aunque el costo final puede variar dependiendo del equipamiento y configuración contratados.
La diferencia entre ambos montos ha provocado señalamientos sobre un presunto sobreprecio, pues la operación estatal alcanzaría cerca de tres veces el valor de referencia de la aeronave.
Empresa contratista, bajo cuestionamientos
La operación y el equipamiento del helicóptero están relacionados con PABE-TAX, empresa contratista que ha sido vinculada periodísticamente con el conglomerado Seguritech.
Los cuestionamientos también se extienden a los antecedentes de la firma, debido a señalamientos sobre la prestación de servicios de aeronaves privadas utilizadas para viajes internacionales de la gobernadora Mara Lezama y sus familiares entre 2018 y 2025.
No obstante, estos señalamientos corresponden a operaciones distintas de la adquisición del helicóptero por parte del Gobierno de Quintana Roo y deberán ser analizados conforme a la documentación contractual y financiera correspondiente.
Gobierno asegura que será utilizado para seguridad
La administración estatal ha presentado la aeronave como parte del fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
De acuerdo con la justificación oficial, el helicóptero será utilizado principalmente para tareas de seguridad pública, protección civil y atención de emergencias, con cobertura para los 11 municipios de Quintana Roo.
La compra ha abierto un debate sobre el costo de las adquisiciones gubernamentales y la necesidad de transparentar tanto el contrato como las características técnicas y el equipamiento incluido en los 440 millones de pesos pagados por la administración estatal.
Los cuestionamientos se centran particularmente en determinar qué conceptos adicionales al valor de la aeronave explican la diferencia entre el precio de referencia y el monto total de la operación.
