Haití, Guatemala y Bolivia, entre las cárceles más hacinadas del mundo

Sobrepoblación carcelaria en Latinoamérica es una crisis en ascenso

 

La sobrepoblación en los centros penitenciarios es un problema que todos los países latinoamericanos comparten. Además de representar un peligro dentro de las cárceles, el hacinamiento también dificulta el acceso a servicios básicos y de salud. Según datos de World Prision Brief, el país latinoamericano con más reclusos con respecto a su capacidad es Haití.

Ecuador ha sido testigo de algunos de los brotes de violencia y enfrentamientos más fuertes en la región en los últimos años. Esto, después de la fuga de la cárcel del líder de una banda criminal el pasado 9 de enero de 2024 y de varios motines durante la semana.

Considerando la situación actual de Ecuador, World Prision Brief demuestra que el hacinamiento de las prisiones es un peligro para los reclusos, como para el resto de la población. Particularmente en el país sudamericano, las cárceles operaban en el 112 por ciento de su capacidad en 2023.

Sin embargo, Haití es el país en la región con más reclusos, pues el sistema carcelario alberga más de cuatro veces el número de su capacidad. En la isla caribeña las cárceles están rebasadas por un 454%, según datos de WPB.

El segundo país con la mayor tasa de reclusos sobre la capacidad de los centros de detención es Guatemala, con un 293%, quien es seguido de Bolivia con un 264%. El Salvador, quien ha realizado una persecución constante a los miembros de las pandillas, tiene una tasa de ocupación del 237%.

Por su parte, el gigante de Latinoamérica, Brasil, tiene una sobrepoblación de 174 y Argentina de 119%. De acuerdo con los datos de World Prision Brief, los países con la menor tasa de sobrepoblación son México y Chile, quienes cuentan con prisiones rebasadas en un 107 y 91%, respectivamente.

Contar con un hacinamiento puede aumentar las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos. Además, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud, llegando a vulnerar los derechos humanos de los detenidos, como pasó en la pandemia de Covid-19.