Mirna Rubio Sánchez plantea modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para garantizar la confidencialidad de expedientes, la presunción de inocencia y el uso proporcional de medidas provisionales
La diputada federal Mirna Rubio Sánchez presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para fortalecer la protección de maestras y maestros durante procedimientos administrativos, con el objetivo de evitar que sean señalados o considerados responsables antes de que exista una resolución firme.
La propuesta plantea adicionar una fracción XI al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer obligaciones específicas para las personas servidoras públicas que intervengan en estos procedimientos.
Entre las medidas propuestas se encuentran proteger la confidencialidad de los expedientes; evitar la difusión de información que genere la percepción de responsabilidad antes de que concluya el procedimiento; aplicar únicamente medidas provisionales necesarias, proporcionales y temporales, así como retirarlas cuando una resolución firme determine que no existe responsabilidad.
Asimismo, Rubio Sánchez propone adicionar un segundo párrafo al artículo 57 para establecer que, cuando una persona servidora pública actúe deliberadamente de manera arbitraria o utilice sus atribuciones para vulnerar estas obligaciones, pueda incurrir en abuso de funciones, considerado una falta administrativa grave.
“Vengo del magisterio y sé lo que significa para una maestra o un maestro que su nombre circule antes de que exista una resolución. Una investigación no debe convertirse en una sentencia anticipada”, afirmó la legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y coordinadora general de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo.
La diputada señaló que, aunque la legislación ya contempla obligaciones para resguardar documentación bajo responsabilidad de las autoridades, resulta necesario precisar qué ocurre cuando se difunde públicamente información de un expediente y ésta puede generar la percepción de que una persona investigada ya es responsable.
Rubio Sánchez subrayó que su propuesta no pretende limitar las acciones de protección para niñas, niños y adolescentes. Las denuncias deberán recibirse y atenderse, las posibles víctimas deberán contar con atención especializada, las pruebas tendrán que ser resguardadas y las autoridades podrán adoptar de manera inmediata las medidas de protección necesarias.
La iniciativa se fundamenta en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la presunción de inocencia y la tipicidad administrativa. El proyecto fue turnado a la comisión correspondiente para su análisis y eventual dictaminación.
