Actividades como compraventa de inmuebles, vehículos, joyería, préstamos o servicios profesionales pueden generar obligaciones en prevención de lavado de dinero; las multas más graves pueden superar los 7.6 millones de pesos.
Cumplir con el SAT, pagar nómina y llevar en orden la contabilidad no garantiza que una empresa esté libre de riesgos regulatorios.
Miles de negocios en México podrían estar sujetos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, sin tener plena claridad de que ciertas operaciones los convierten en sujetos obligados.
El riesgo no es menor. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a millones de pesos, además del impacto reputacional que implica una revisión o procedimiento relacionado con prevención de lavado de dinero.
No necesitas ser banco para estar obligado
Uno de los errores más comunes es pensar que estas disposiciones aplican únicamente a instituciones financieras.
La regulación también contempla las llamadas Actividades Vulnerables, entre las que se encuentran operaciones relacionadas con bienes inmuebles, vehículos, joyería, metales y piedras preciosas, relojes, créditos, préstamos, servicios profesionales, activos virtuales, tarjetas prepagadas y determinados actos realizados ante fedatarios.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera, México contaba con 111 mil 191 sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De ese universo, 107 mil 642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables, es decir, alrededor de 96.8%.
El problema puede estar en cómo opera tu empresa
Una compañía no necesariamente tiene que cambiar de giro para quedar expuesta.
El riesgo puede surgir por el tipo de operación que realiza, la forma en la que recibe recursos o su participación dentro de una cadena comercial vinculada con alguna actividad considerada vulnerable.
Regcheq señala que, después de las modificaciones regulatorias recientes, muchas organizaciones siguen sin tener claridad sobre sus obligaciones.
Según estimaciones de la compañía, cerca del 40% de las empresas todavía desconoce cómo pueden impactarle las nuevas disposiciones.
Esto provoca que algunas organizaciones identifiquen el problema hasta que reciben una revisión, una visita de verificación o incluso una sanción.
Multas que pueden superar los 7.6 millones de pesos
A partir del 1 de febrero de 2026, el valor diario de la UMA se ubica en 117.31 pesos.
Bajo ese parámetro, determinadas infracciones graves contempladas en la Ley Antilavado pueden ser sancionadas con multas de entre 10 mil y 65 mil UMA, lo que puede representar hasta aproximadamente 7.6 millones de pesos.
Dependiendo de la infracción, también puede aplicarse como referencia un porcentaje del valor de la operación.
Para faltas de menor gravedad, las sanciones pueden ubicarse entre 200 y 10 mil UMA.
¿Qué sectores enfrentan mayor exposición?
Entre las actividades que presentan mayor riesgo operativo se encuentran la comercialización de obras de arte, metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, debido a la facilidad con que estos bienes pueden movilizarse y a la dificultad para rastrear el origen de los recursos.
También existen riesgos relevantes en actividades vinculadas con monederos, certificados, recompensas, tarjetas prepagadas, vales, compraventa de vehículos, notarías, corredurías públicas, créditos y préstamos.
Excel y correos ya pueden quedarse cortos
Otro problema es que muchas empresas todavía administran su cumplimiento mediante hojas de cálculo, correos electrónicos, carpetas físicas y procesos manuales.
Esto aumenta la posibilidad de cometer errores de captura, perder información, dejar expedientes incompletos o no detectar oportunamente operaciones que deban ser reportadas.
La regulación avanza hacia controles más estructurados, monitoreo continuo, conocimiento del cliente y trazabilidad.
En algunos casos, las autoridades pueden solicitar información o respuestas en periodos muy cortos.
Cumplir también significa poder demostrarlo
En materia de prevención de lavado de dinero no basta con afirmar que una operación se hizo correctamente.
Una empresa debe ser capaz de reconstruir su historial: qué ocurrió, cuándo, quién participó, qué controles se aplicaron y qué información se obtuvo del cliente o beneficiario.
Esta trazabilidad se ha convertido en uno de los elementos más importantes del cumplimiento.
Tecnología para reducir errores
En este contexto, Regcheq presentó Regcheq PLD X, una plataforma basada en software como servicio enfocada en empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Entre sus funciones incluye validación contra listas restrictivas, expedientes digitales, monitoreo de operaciones, evaluaciones de riesgo, generación de avisos y reportes, administración documental y bitácoras de trazabilidad.
La compañía estima que algunos procesos que manualmente pueden tardar entre cuatro y ocho horas podrían reducirse significativamente mediante automatización.
Más allá de cualquier herramienta específica, el mensaje para las empresas es claro: desconocer que una actividad está regulada no elimina la obligación de cumplir.
En un entorno de mayores controles, revisar cómo opera una empresa y determinar si realiza alguna Actividad Vulnerable puede ser tan importante como llevar correctamente sus impuestos.
