Al concluir la segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2025, el gobierno estatal deberá solventar siete millones de pesos de un monto total auditado de 37 mil 417 millones.
Al advertir que el dinero público debe mantenerse bajo vigilancia permanente y que cualquier irregularidad en el manejo de los recursos debe ser investigada y, en su caso, sancionada, el contralor del Gobierno de Hidalgo, Álvaro Bardales, dio a conocer que de 37 mil 417 millones de pesos revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), únicamente deberán aclararse siete millones de pesos.
De acuerdo con el informe de resultados presentado el 30 de octubre ante el Congreso de la Unión, Hidalgo deberá aclarar el 0.0197 por ciento del recurso público federal auditado y cuenta con un plazo de 30 días para justificar el gasto o, en su caso, reintegrarlo.
“El monto observado corresponde a áreas de nóminas en el sector educativo, partidas que traemos en investigación, como son las dobles plazas, pagos a personal docente sin acreditaciones correspondientes; en eso nos solicitan las aclaraciones de los siete millones de pesos”, sostuvo Bardales.
No obstante, subrayó que no existen observaciones relacionadas con obra pública, incluidos los proyectos de los trenes AIFA-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Pachuca-Huejutla y Tulancingo-Nuevo Necaxa.
Abundó que los macroproyectos fueron revisados sin que se registraran observaciones, situación que también se replicó en los recursos destinados a seguridad pública y en materia de disciplina financiera.
En la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, la revisión alcanzó más de 6 mil millones de pesos de participaciones federales y concluyó sin observaciones de carácter económico ni administrativo.
Álvaro Bardales consideró que estos resultados adquieren relevancia ante las inversiones federales y los proyectos de gran dimensión que actualmente se desarrollan en Hidalgo.
Señaló que la preparación profesional, las pruebas de laboratorio y la vigilancia ciudadana contribuyen a supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos.
A estas acciones se suma el trabajo de los órganos internos de control y de más de 50 mil contralores sociales, integrados en 10 mil comités, encargados de vigilar obras y programas desde sus comunidades.
