El gobierno de Donald Trump intensifica su política de deportaciones masivas, enviando migrantes incluso a países que no son los suyos. Desde cárceles en El Salvador hasta conversaciones con Ruanda y planes frustrados con Libia, la estrategia ha generado alarma internacional.
Por: Perla Baños.
Donald Trump ha vuelto a poner en el centro de su agenda la deportación masiva de migrantes, presentándola como una medida indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el alcance y la crudeza de esta estrategia han encendido alertas en distintos países del mundo.
El gobierno norteamericano ha comenzado a deportar a migrantes —muchos de ellos venezolanos— a El Salvador, donde son recluidos en una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones brutales. Pero eso es solo el inicio: también ha enviado migrantes de Asia, África y Medio Oriente a países como Panamá y Costa Rica, incluso a familias con niños pequeños.
La estrategia parte de un principio inquietante: si un país no quiere recibir a sus ciudadanos deportados, Trump busca enviar a esas personas a terceros países, aunque no tengan ninguna conexión con ellos. Esta política ha llevado a Washington a abrir conversaciones con Ruanda para recibir deportados, y a planear el traslado de migrantes de países del Sudeste Asiático a Libia, antes de que una orden judicial detuviera el proceso.
Esta expansión de deportaciones busca cumplir el objetivo de expulsar a millones de migrantes, incluso aquellos con estatus legal que el gobierno considera “indeseables”. Críticos han advertido que esta práctica viola los derechos humanos y el debido proceso, desdibujando la línea entre política migratoria y castigo colectivo.
Con esta nueva ofensiva, Trump no solo desafía las normas del derecho internacional, sino que también pone en juego la dignidad de miles de personas, muchas de ellas en situación vulnerable, con tal de consolidar su discurso de mano dura de cara a la elección presidencial.
