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jueves, junio 11, 2026
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Va FGR y EU por el gobernador de Durango por nexos con el narcotráfico

Va FGR y EU por el gobernador de Durango por nexos con el narcotráfico. FotoEspecial

Las indagatorias alcanzarían a funcionarios de la administración de Esteban Villegas Villareal; señalan posibles vínculos con la organización criminal Los Cabrera

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, es objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de agencias de seguridad de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico que operan en el norte del país, de acuerdo con versiones difundidas por diversos medios nacionales.

Las indagatorias se centran en supuestas relaciones entre integrantes de la administración estatal y la organización criminal conocida como Los Cabrera, identificada por autoridades de seguridad como una estructura ligada a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, las investigaciones no se limitarían únicamente al mandatario estatal, sino que también abarcarían a diversos funcionarios de su gobierno, bajo la hipótesis de posibles redes de protección y colaboración con grupos criminales.

Investigación en desarrollo

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la presentación de cargos formales contra Villegas Villarreal ni sobre alguna solicitud judicial en su contra. Las pesquisas se mantienen en etapa de investigación y las autoridades federales no han emitido un posicionamiento público detallado sobre el avance de los expedientes.

Las versiones periodísticas señalan que el interés de las autoridades estadounidenses surgió a partir de reportes relacionados con presuntas operaciones de grupos criminales en la región y posibles obstáculos a operativos de seguridad.

Los Cabrera, bajo la mira de las autoridades

En los últimos meses, autoridades mexicanas han realizado diversas acciones contra integrantes de Los Cabrera, entre ellas la captura de presuntos operadores financieros y jefes de plaza vinculados con actividades de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

Especialistas consideran que, de confirmarse una causa penal formal por parte de la FGR, el caso tendría un alto impacto político debido a que involucraría a un gobernador en funciones. Sin embargo, hasta ahora las acusaciones permanecen en el terreno de la investigación y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades.