Los Tocables
Por Héctor Guerrero
Durante años, Andrés Manuel López Obrador hizo de la expresión “mafia del poder” una de las piezas centrales de su discurso político. Con ella identificó a empresarios, políticos y funcionarios que, desde las alturas del Estado, habrían construido una red de privilegios y negocios al amparo de sus relaciones. La denuncia fue eficaz porque recogía un sentimiento extendido: la percepción de que en México el poder público había terminado convertido en patrimonio de unos cuantos.
La llamada Cuarta Transformación llegó precisamente con la promesa de romper esa lógica. Se habló de austeridad republicana, de separar el poder económico del político y de terminar con los privilegios de las élites. Se prometió que el nuevo gobierno sería diferente, que nadie utilizaría la cercanía con Palacio Nacional para obtener ventajas y que el apellido de quien gobernara no volvería a funcionar como pasaporte hacia los negocios.
El tiempo, sin embargo, tiene la mala costumbre de someter los discursos a prueba. Y es ahí donde comienzan las incomodidades para el movimiento que todavía gobierna buena parte de la vida pública nacional. Porque alrededor de los hijos del expresidente se ha construido una sucesión de episodios que, considerados individualmente, pueden explicarse de muchas maneras, pero que en conjunto forman una imagen difícil de ignorar: la de un círculo de poder económico y político que disfruta de privilegios semejantes a aquellos que durante años fueron denunciados desde la oposición.
La reciente reunión de Andy López Beltrán y Gonzalo Alfonso, Bobby, en el restaurante Magazzino, en la Condesa, adquirió una dimensión pública precisamente por las personas que los acompañaban y por el contexto en el que ocurrió. Entre los asistentes estuvo Daniel Asaf, antiguo integrante del círculo más cercano de López Obrador, además de empresarios y personajes relacionados con el entorno político. La comida se prolongó durante varias horas y, de acuerdo con las versiones publicadas, estuvo acompañada por una botella de Sassicaia cuyo precio puede superar los veinte mil pesos dependiendo de la añada y del establecimiento.
No hay delito alguno en acudir a un restaurante de lujo, beber un vino costoso o reunirse con empresarios. Tampoco puede establecerse corrupción a partir de una fotografía. El problema aparece cuando esos episodios se colocan junto a una serie de investigaciones periodísticas que han documentado relaciones empresariales, contratos públicos y operaciones inmobiliarias alrededor de personas cercanas a los hijos del expresidente. Entonces la cena deja de ser una simple anécdota social y se convierte en una pieza más de una historia que merece ser explicada.
Entre esos nombres destaca Jorge Amílcar Olán, empresario señalado en diversas investigaciones periodísticas por sus vínculos con los hijos de López Obrador y por contratos obtenidos con gobiernos estatales. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó operaciones por cientos de millones de pesos relacionadas con la venta de medicamentos y material médico, así como negocios inmobiliarios vinculados con terrenos próximos a la refinería de Dos Bocas. Los hechos publicados deben ser investigados por las autoridades competentes y no confundidos con una sentencia judicial que no existe.
Esa distinción es fundamental, sobre todo en una época en que las redes sociales han convertido cualquier señalamiento en una condena inmediata. El periodismo tiene la obligación de documentar y preguntar, mientras que las fiscalías tienen la responsabilidad de investigar y los tribunales de juzgar. Una democracia seria necesita las tres cosas. Lo que no necesita es que el poder político pretenda que las preguntas desaparezcan simplemente porque resultan incómodas para sus protagonistas.
El caso de Olán resulta particularmente sensible por la relación que se ha señalado entre él y los hijos del expresidente. Una amistad no constituye un delito, ni convierte automáticamente en ilegítimo cualquier negocio de una persona. Pero cuando un empresario cercano a quienes poseen influencia política obtiene contratos millonarios, realiza operaciones inmobiliarias de gran dimensión y aparece repetidamente en investigaciones sobre círculos de poder, la pregunta sobre la naturaleza de esa relación deja de ser una intromisión y se convierte en un asunto de interés público.
El asunto adquiere todavía mayor relevancia cuando se recuerda la retórica con la que llegó al poder el movimiento encabezado por López Obrador. Durante años se denunció que los gobiernos anteriores habían permitido que empresarios cercanos a los presidentes obtuvieran contratos y ventajas. Se cuestionó a los hijos de los políticos que disfrutaban una vida de lujo mientras sus padres ejercían cargos públicos.
Se criticó la existencia de círculos privilegiados alrededor del poder. Se prometió, en suma, que esa historia terminaría.
Ahora la fotografía parece plantear una pregunta incómoda: ¿terminó realmente aquella práctica o simplemente cambió de protagonistas? La interrogante no supone una condena contra los hijos de López Obrador, pero sí obliga a examinar una contradicción que el discurso oficial no puede resolver con facilidad. Si la austeridad era una convicción política y no solamente una herramienta retórica, quienes estuvieron más cerca del poder deberían ser los primeros interesados en demostrar la transparencia del origen de sus recursos.
Andy, además, no es un ciudadano anónimo. Su apellido representa un capital político extraordinario y su participación dentro de Morena le ha otorgado una influencia que trasciende la condición de hijo de un expresidente. Esa circunstancia tampoco constituye una irregularidad, pero sería ingenuo negar que un apellido presidencial tiene efectos concretos dentro de la política mexicana. La pregunta pertinente es si esa influencia se limita al terreno político o si también abre puertas en ámbitos económicos que deberían permanecer ajenos al poder público.
La nueva élite política no necesita necesariamente ocupar una oficina gubernamental para ejercer influencia. Puede hacerlo desde restaurantes, reuniones privadas, consejos empresariales y círculos sociales. En México sabemos que muchas decisiones no comienzan en un escritorio oficial, sino en conversaciones informales entre quienes tienen capacidad de decisión y quienes tienen recursos para aprovecharla. Por eso la transparencia de las relaciones resulta tan importante como la transparencia de los contratos
El problema, en consecuencia, no es el vino. El problema es la red de relaciones que aparece alrededor de quienes tienen acceso privilegiado al poder. Una botella de veinte mil pesos puede ser solamente una botella de veinte mil pesos; pero cuando forma parte de una escena en la que aparecen empresarios, operadores políticos y personas vinculadas históricamente con el entorno presidencial, adquiere un valor simbólico que sus protagonistas difícilmente pueden controlar.
La discusión tampoco debería reducirse a la habitual pelea entre defensores y adversarios de López Obrador. Para unos, cualquier señalamiento contra sus hijos es una campaña de la oposición; para otros, cada fotografía constituye la prueba definitiva de una corrupción generalizada. Ambas posiciones resultan demasiado cómodas. La primera pretende cerrar la discusión antes de investigar y la segunda pretende resolverla antes de que las instituciones hagan su trabajo.
Lo razonable es algo mucho más elemental: preguntar de dónde provienen los recursos, cómo se construyeron determinados patrimonios, qué contratos existen, quiénes participaron en ellos y si hubo alguna intervención política para favorecerlos. Si las respuestas demuestran que todo se encuentra dentro de la ley, serán las propias investigaciones las que permitan despejar las dudas. Si ocurre lo contrario, tendrán que establecerse responsabilidades. Lo que no puede exigirse es que la sociedad renuncie a preguntar.
El episodio del llamado huachicol fiscal ha añadido otra capa de controversia. Este 4 de septiembre, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República no le ha informado de una investigación contra Andy López Beltrán por ese delito. También sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar las líneas de investigación y la responsabilidad de las personas que eventualmente aparezcan mencionadas. La declaración debe ser tomada con la misma seriedad que cualquier otra posición institucional: no hay condena contra Andy, pero tampoco una razón para cancelar el debate público.
Porque precisamente ahí debería encontrarse la diferencia entre un régimen que pretende transformar la vida pública y uno que simplemente cambia de administradores. La transformación tendría que consistir en que las instituciones investigaran con la misma firmeza a los amigos del presidente, a sus familiares, a sus adversarios y a cualquier ciudadano. De poco sirve haber denunciado durante décadas los privilegios de las antiguas élites si al llegar al poder se termina construyendo una nueva estructura de privilegios alrededor de los propios.
La historia política mexicana ofrece demasiados ejemplos de hijos que heredaron apellidos, contactos y oportunidades. El priismo conoció esa práctica; el panismo tampoco estuvo exento de ella y ahora el movimiento obradorista enfrenta su propia prueba. La diferencia entre una transformación y una simple sustitución de élites tendría que medirse precisamente en ese punto: en la capacidad de impedir que el apellido, la amistad o la cercanía política se conviertan en mecanismos para obtener beneficios que los demás ciudadanos no pueden alcanzar.
Por eso la discusión sobre Andy, Bobby, Olán y quienes integran ese círculo no debería convertirse en un juicio moral sobre sus gustos personales. Nadie está obligado a vivir modestamente por haber nacido en una familia determinada. Lo que sí debe exigirse a quienes están vinculados con el poder político es transparencia, especialmente cuando alrededor de ellos aparecen operaciones millonarias, contratos públicos y empresarios cuya relación con el grupo gobernante ha sido documentada por investigaciones periodísticas.
La vieja “mafia del poder” fue denunciada como una estructura donde las relaciones personales podían convertirse en beneficios económicos. La nueva política prometió acabar con esa lógica. Si ahora aparecen círculos donde los hijos del antiguo presidente conviven con empresarios y operadores, mientras algunos de sus amigos enfrentan cuestionamientos por contratos y operaciones millonarias, entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Estamos frente a una transformación del poder o frente a la reproducción de sus viejos mecanismos bajo nuevos nombres?
Quizá ése sea el verdadero problema de la fotografía del restaurante. No demuestra corrupción, pero sí muestra poder. No prueba un delito, pero sí exhibe relaciones. No convierte una botella de vino en evidencia judicial, pero revela una distancia social difícil de conciliar con el relato de austeridad que durante años acompañó al movimiento. Y cuando esa distancia aparece rodeada de investigaciones periodísticas sobre negocios y contratos, la obligación de explicar aumenta en lugar de disminuir.
La corrupción, después de todo, no tiene partido político. No es priista, panista, morenista ni pertenece a ninguna otra organización. La corrupción se adapta al lenguaje del poder y aprende rápidamente a convivir con quienes lo ejercen. Por eso el verdadero fracaso no sería que una nueva élite disfrutara de los privilegios de la anterior; sería que una sociedad que tantas veces exigió transparencia terminara aceptando los mismos privilegios simplemente porque ahora los disfrutan otros.
López Obrador llegó al poder prometiendo terminar con la mafia del poder. Sus seguidores hicieron de esa promesa una causa y sus adversarios la consideraron una consigna. Hoy, sin embargo, la pregunta puede formularse sin consignas y sin simpatías partidistas: ¿qué ocurre cuando los hijos del hombre que denunció a las élites comienzan a formar parte de los círculos sociales y económicos que alguna vez fueron objeto de sus críticas?
La respuesta todavía no está escrita. Deberán escribirla los documentos, las investigaciones y, cuando corresponda, los tribunales. Pero mientras eso sucede, el periodismo tiene derecho a observar, relacionar y preguntar. Y la sociedad tiene derecho a saber si detrás de esas fotografías existe únicamente una vida de privilegios privados o si, como ocurrió tantas veces en el pasado, alrededor de la mesa también se están repartiendo las cartas del poder.
Porque quizá la historia no sea la de una botella de vino de veinte mil pesos, ni la de un restaurante exclusivo, ni siquiera la de una cena de varias horas. Quizá sea la historia de una promesa política que empieza a enfrentarse con su propio espejo. Aquella “mafia del poder” que durante años sirvió para explicar los males de México podría no haber desaparecido, sino haber encontrado nuevos anfitriones, nuevas mesas y nuevos apellidos.
Y ésa sería, paradójicamente, la peor de las derrotas para una transformación que prometió cambiarlo todo: descubrir que después de tantos discursos contra los privilegios, lo único que cambió fue quién tiene reservada la mesa.
LA NUEVA MAFIA DEL PODER
Durante años, Andrés Manuel López Obrador hizo de la expresión “mafia del poder” una de las piezas centrales de su discurso político. Con ella identificó a empresarios, políticos y funcionarios que, desde las alturas del Estado, habrían construido una red de privilegios y negocios al amparo de sus relaciones. La denuncia fue eficaz porque recogía un sentimiento extendido: la percepción de que en México el poder público había terminado convertido en patrimonio de unos cuantos.
La llamada Cuarta Transformación llegó precisamente con la promesa de romper esa lógica. Se habló de austeridad republicana, de separar el poder económico del político y de terminar con los privilegios de las élites. Se prometió que el nuevo gobierno sería diferente, que nadie utilizaría la cercanía con Palacio Nacional para obtener ventajas y que el apellido de quien gobernara no volvería a funcionar como pasaporte hacia los negocios.
El tiempo, sin embargo, tiene la mala costumbre de someter los discursos a prueba. Y es ahí donde comienzan las incomodidades para el movimiento que todavía gobierna buena parte de la vida pública nacional. Porque alrededor de los hijos del expresidente se ha construido una sucesión de episodios que, considerados individualmente, pueden explicarse de muchas maneras, pero que en conjunto forman una imagen difícil de ignorar: la de un círculo de poder económico y político que disfruta de privilegios semejantes a aquellos que durante años fueron denunciados desde la oposición.
La reciente reunión de Andy López Beltrán y Gonzalo Alfonso, Bobby, en el restaurante Magazzino, en la Condesa, adquirió una dimensión pública precisamente por las personas que los acompañaban y por el contexto en el que ocurrió. Entre los asistentes estuvo Daniel Asaf, antiguo integrante del círculo más cercano de López Obrador, además de empresarios y personajes relacionados con el entorno político. La comida se prolongó durante varias horas y, de acuerdo con las versiones publicadas, estuvo acompañada por una botella de Sassicaia cuyo precio puede superar los veinte mil pesos dependiendo de la añada y del establecimiento.
No hay delito alguno en acudir a un restaurante de lujo, beber un vino costoso o reunirse con empresarios. Tampoco puede establecerse corrupción a partir de una fotografía. El problema aparece cuando esos episodios se colocan junto a una serie de investigaciones periodísticas que han documentado relaciones empresariales, contratos públicos y operaciones inmobiliarias alrededor de personas cercanas a los hijos del expresidente. Entonces la cena deja de ser una simple anécdota social y se convierte en una pieza más de una historia que merece ser explicada.
Entre esos nombres destaca Jorge Amílcar Olán, empresario señalado en diversas investigaciones periodísticas por sus vínculos con los hijos de López Obrador y por contratos obtenidos con gobiernos estatales. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó operaciones por cientos de millones de pesos relacionadas con la venta de medicamentos y material médico, así como negocios inmobiliarios vinculados con terrenos próximos a la refinería de Dos Bocas. Los hechos publicados deben ser investigados por las autoridades competentes y no confundidos con una sentencia judicial que no existe.
Esa distinción es fundamental, sobre todo en una época en que las redes sociales han convertido cualquier señalamiento en una condena inmediata. El periodismo tiene la obligación de documentar y preguntar, mientras que las fiscalías tienen la responsabilidad de investigar y los tribunales de juzgar. Una democracia seria necesita las tres cosas. Lo que no necesita es que el poder político pretenda que las preguntas desaparezcan simplemente porque resultan incómodas para sus protagonistas.
El caso de Olán resulta particularmente sensible por la relación que se ha señalado entre él y los hijos del expresidente. Una amistad no constituye un delito, ni convierte automáticamente en ilegítimo cualquier negocio de una persona. Pero cuando un empresario cercano a quienes poseen influencia política obtiene contratos millonarios, realiza operaciones inmobiliarias de gran dimensión y aparece repetidamente en investigaciones sobre círculos de poder, la pregunta sobre la naturaleza de esa relación deja de ser una intromisión y se convierte en un asunto de interés público.
El asunto adquiere todavía mayor relevancia cuando se recuerda la retórica con la que llegó al poder el movimiento encabezado por López Obrador. Durante años se denunció que los gobiernos anteriores habían permitido que empresarios cercanos a los presidentes obtuvieran contratos y ventajas.
Se cuestionó a los hijos de los políticos que disfrutaban una vida de lujo mientras sus padres ejercían cargos públicos. Se criticó la existencia de círculos privilegiados alrededor del poder. Se prometió, en suma, que esa historia terminaría.
Ahora la fotografía parece plantear una pregunta incómoda: ¿terminó realmente aquella práctica o simplemente cambió de protagonistas? La interrogante no supone una condena contra los hijos de López Obrador, pero sí obliga a examinar una contradicción que el discurso oficial no puede resolver con facilidad. Si la austeridad era una convicción política y no solamente una herramienta retórica, quienes estuvieron más cerca del poder deberían ser los primeros interesados en demostrar la transparencia del origen de sus recursos.
Andy, además, no es un ciudadano anónimo. Su apellido representa un capital político extraordinario y su participación dentro de Morena le ha otorgado una influencia que trasciende la condición de hijo de un expresidente. Esa circunstancia tampoco constituye una irregularidad, pero sería ingenuo negar que un apellido presidencial tiene efectos concretos dentro de la política mexicana. La pregunta pertinente es si esa influencia se limita al terreno político o si también abre puertas en ámbitos económicos que deberían permanecer ajenos al poder público.
La nueva élite política no necesita necesariamente ocupar una oficina gubernamental para ejercer influencia. Puede hacerlo desde restaurantes, reuniones privadas, consejos empresariales y círculos sociales. En México sabemos que muchas decisiones no comienzan en un escritorio oficial, sino en conversaciones informales entre quienes tienen capacidad de decisión y quienes tienen recursos para aprovecharla.
Por eso la transparencia de las relaciones resulta tan importante como la transparencia de los contratos.
El problema, en consecuencia, no es el vino. El problema es la red de relaciones que aparece alrededor de quienes tienen acceso privilegiado al poder. Una botella de veinte mil pesos puede ser solamente una botella de veinte mil pesos; pero cuando forma parte de una escena en la que aparecen empresarios, operadores políticos y personas vinculadas históricamente con el entorno presidencial, adquiere un valor simbólico que sus protagonistas difícilmente pueden controlar.
La discusión tampoco debería reducirse a la habitual pelea entre defensores y adversarios de López Obrador. Para unos, cualquier señalamiento contra sus hijos es una campaña de la oposición; para otros, cada fotografía constituye la prueba definitiva de una corrupción generalizada. Ambas posiciones resultan demasiado cómodas. La primera pretende cerrar la discusión antes de investigar y la segunda pretende resolverla antes de que las instituciones hagan su trabajo.
Lo razonable es algo mucho más elemental: preguntar de dónde provienen los recursos, cómo se construyeron determinados patrimonios, qué contratos existen, quiénes participaron en ellos y si hubo alguna intervención política para favorecerlos. Si las respuestas demuestran que todo se encuentra dentro de la ley, serán las propias investigaciones las que permitan despejar las dudas. Si ocurre lo contrario, tendrán que establecerse responsabilidades. Lo que no puede exigirse es que la sociedad renuncie a preguntar.
El episodio del llamado huachicol fiscal ha añadido otra capa de controversia. Este 4 de septiembre, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República no le ha informado de una investigación contra Andy López Beltrán por ese delito.
También sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar las líneas de investigación y la responsabilidad de las personas que eventualmente aparezcan mencionadas. La declaración debe ser tomada con la misma seriedad que cualquier otra posición institucional: no hay condena contra Andy, pero tampoco una razón para cancelar el debate público.
Porque precisamente ahí debería encontrarse la diferencia entre un régimen que pretende transformar la vida pública y uno que simplemente cambia de administradores. La transformación tendría que consistir en que las instituciones investigaran con la misma firmeza a los amigos del presidente, a sus familiares, a sus adversarios y a cualquier ciudadano. De poco sirve haber denunciado durante décadas los privilegios de las antiguas élites si al llegar al poder se termina construyendo una nueva estructura de privilegios alrededor de los propios.
La historia política mexicana ofrece demasiados ejemplos de hijos que heredaron apellidos, contactos y oportunidades. El priismo conoció esa práctica; el panismo tampoco estuvo exento de ella y ahora el movimiento obradorista enfrenta su propia prueba. La diferencia entre una transformación y una simple sustitución de élites tendría que medirse precisamente en ese punto: en la capacidad de impedir que el apellido, la amistad o la cercanía política se conviertan en mecanismos para obtener beneficios que los demás ciudadanos no pueden alcanzar.
Por eso la discusión sobre Andy, Bobby, Olán y quienes integran ese círculo no debería convertirse en un juicio moral sobre sus gustos personales. Nadie está obligado a vivir modestamente por haber nacido en una familia determinada. Lo que sí debe exigirse a quienes están vinculados con el poder político es transparencia, especialmente cuando alrededor de ellos aparecen operaciones millonarias, contratos públicos y empresarios cuya relación con el grupo gobernante ha sido documentada por investigaciones periodísticas.
La vieja “mafia del poder” fue denunciada como una estructura donde las relaciones personales podían convertirse en beneficios económicos. La nueva política prometió acabar con esa lógica. Si ahora aparecen círculos donde los hijos del antiguo presidente conviven con empresarios y operadores, mientras algunos de sus amigos enfrentan cuestionamientos por contratos y operaciones millonarias, entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Estamos frente a una transformación del poder o frente a la reproducción de sus viejos mecanismos bajo nuevos nombres?
Quizá ése sea el verdadero problema de la fotografía del restaurante. No demuestra corrupción, pero sí muestra poder. No prueba un delito, pero sí exhibe relaciones. No convierte una botella de vino en evidencia judicial, pero revela una distancia social difícil de conciliar con el relato de austeridad que durante años acompañó al movimiento. Y cuando esa distancia aparece rodeada de investigaciones periodísticas sobre negocios y contratos, la obligación de explicar aumenta en lugar de disminuir.
La corrupción, después de todo, no tiene partido político. No es priista, panista, morenista ni pertenece a ninguna otra organización. La corrupción se adapta al lenguaje del poder y aprende rápidamente a convivir con quienes lo ejercen. Por eso el verdadero fracaso no sería que una nueva élite disfrutara de los privilegios de la anterior; sería que una sociedad que tantas veces exigió transparencia terminara aceptando los mismos privilegios simplemente porque ahora los disfrutan otros.
López Obrador llegó al poder prometiendo terminar con la mafia del poder. Sus seguidores hicieron de esa promesa una causa y sus adversarios la consideraron una consigna. Hoy, sin embargo, la pregunta puede formularse sin consignas y sin simpatías partidistas: ¿qué ocurre cuando los hijos del hombre que denunció a las élites comienzan a formar parte de los círculos sociales y económicos que alguna vez fueron objeto de sus críticas?
La respuesta todavía no está escrita. Deberán escribirla los documentos, las investigaciones y, cuando corresponda, los tribunales. Pero mientras eso sucede, el periodismo tiene derecho a observar, relacionar y preguntar. Y la sociedad tiene derecho a saber si detrás de esas fotografías existe únicamente una vida de privilegios privados o si, como ocurrió tantas veces en el pasado, alrededor de la mesa también se están repartiendo las cartas del poder.
Porque quizá la historia no sea la de una botella de vino de veinte mil pesos, ni la de un restaurante exclusivo, ni siquiera la de una cena de varias horas. Quizá sea la historia de una promesa política que empieza a enfrentarse con su propio espejo. Aquella “mafia del poder” que durante años sirvió para explicar los males de México podría no haber desaparecido, sino haber encontrado nuevos anfitriones, nuevas mesas y nuevos apellidos.
Y ésa sería, paradójicamente, la peor de las derrotas para una transformación que prometió cambiarlo todo: descubrir que después de tantos discursos contra los privilegios, lo único que cambió fue quién tiene reservada la mesa.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
