Se aproxima el Cuarto Informe de Gobierno de Julio Menchaca Salazar y, junto con el recuento de avances, también llegará el momento de evaluar a las dependencias estatales cuyos resultados continúan por debajo de las necesidades de la población.
No todas pueden revisarse en una sola entrega. Hoy corresponde hablar de la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Lyzbeth Robles, una dependencia que ha mostrado lentitud tanto en la regulación del transporte individual como en la construcción de soluciones para agilizar el tránsito vehicular en Pachuca y su zona metropolitana.
La congestión se agrava de manera constante en vialidades como los bulevares Luis Donaldo Colosio y Felipe Ángeles, particularmente a la altura de la Procuraduría General de Justicia y en dirección hacia la Ciudad de México. El ingreso a la capital hidalguense tampoco ofrece mejores condiciones, sobre todo durante los fines de semana.
Avenida Revolución resulta complicada incluso en horarios habituales. Las obras sobre avenida Madero, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, han añadido presión a una red vial que desde hace tiempo opera al límite de su capacidad.
Son diversos los factores que explican el problema. Entre ellos destaca el carril confinado del sistema de transporte, cuya operación ha reducido el espacio disponible para los vehículos particulares en puntos donde la circulación ya era compleja. No se trata de cuestionar la existencia del transporte público masivo, sino de señalar la ausencia de una estrategia integral que permita su convivencia con el resto de la movilidad urbana.
Por su condición de capital, Pachuca requiere desplazamientos más ágiles, vialidades seguras y una planeación que reduzca accidentes, tiempos de traslado y el desgaste cotidiano de quienes deben acudir a la escuela, al trabajo, a una consulta médica o a realizar cualquier actividad.
La situación se repite en los bulevares Ramón G. Bonfil y Pachuca-Actopan, especialmente desde la zona del Congreso local hasta El Huixmí. Para miles de habitantes de los fraccionamientos ubicados en ese corredor, entrar o salir de sus viviendas se ha convertido en una dificultad diaria.
Los comercios también resienten las consecuencias. Algunas obras obligan a cerrar accesos, reducen el flujo de clientes y alteran la actividad económica durante semanas o meses. Más que las intervenciones por sí mismas, el problema radica en la falta de planeación, de coordinación entre dependencias y de rutas alternas que disminuyan las afectaciones.
Con frecuencia, los habitantes descubren de un día para otro que sus calles están ocupadas por maquinaria, tierra o escombros. En muchos casos no existe señalización suficiente ni información previa que indique la duración de los trabajos o las opciones disponibles para circular.
Esta realidad afecta por igual a Pachuca y Mineral de la Reforma, municipios cuya expansión urbana ha borrado, en algunos puntos, sus límites físicos. Sin embargo, la administración de la movilidad continúa fragmentada, como si cada autoridad pudiera tomar decisiones aisladas en un territorio que funciona como una sola zona metropolitana.
Ahí se encuentra uno de los principales problemas: la falta de coordinación entre los gobiernos municipales y las secretarías estatales encargadas de la infraestructura, el transporte y el desarrollo urbano. Mientras cada institución actúe por separado, la ciudadanía seguirá pagando las consecuencias de una planeación incompleta.
La regulación del transporte público representa un desafío todavía mayor. Implica revisar rutas, concesiones, tarifas, frecuencias y condiciones físicas de las unidades. Son asuntos que requieren decisiones técnicas y políticas, no medidas improvisadas ni respuestas posteriores a las inconformidades ciudadanas.
El diputado local del PRI, Marco Antonio Mendoza, presentó una iniciativa relacionada con la regulación del transporte individual y el establecimiento de tarifas. La propuesta deberá ser analizada con seriedad, al margen de su origen partidista, ya que aborda un tema de interés público que afecta a miles de usuarios.
El problema es que el Congreso local tampoco se distingue por la rapidez con la que procesa las iniciativas relevantes. La falta de discusión y dictaminación mantiene numerosas propuestas en espera, incluidas aquellas que podrían responder a necesidades inmediatas de la ciudadanía.
La responsabilidad recae, en buena medida, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde los asuntos se acumulan sin que exista claridad sobre los tiempos para su análisis. Una legislatura que no discute ni resuelve termina alejándose de su función principal.
La movilidad metropolitana no se solucionará con discursos, recorridos oficiales o anuncios aislados. Requiere planeación, coordinación, capacidad técnica y decisiones oportunas.
Ese es el costo de colocar en responsabilidades públicas a personas que no ofrecen resultados: los errores administrativos dejan de ser internos y se convierten en horas perdidas, negocios afectados, vialidades colapsadas y una ciudadanía cada vez más inconforme.
