La senadora Karla Guadalupe Toledo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR y a las fiscalías estatales a investigar y sancionar este delito
El despojo de viviendas representa un problema complejo en México, particularmente cuando está relacionado con redes de delincuencia organizada y posibles actos de complicidad de servidores públicos, despachos jurídicos y notarios, advirtió la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Guadalupe Toledo Zamora.
La legisladora señaló que este delito se comete mediante distintas prácticas, entre ellas el uso de la violencia, el fraude, la suplantación de identidad, la ocupación ilegal de inmuebles y la falsificación de documentos, mecanismos que pueden dejar a las personas sin acceso a sus propiedades.
Ante esta situación, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías de las entidades federativas a fortalecer las medidas de investigación, atención y sanción del delito de despojo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
En el documento también planteó impulsar programas de capacitación y dotar de recursos al personal encargado de atender estos casos, con el propósito de garantizar el derecho a la propiedad mediante procedimientos ágiles, transparentes y apegados a la ley.
Toledo Zamora pidió prestar especial atención a los casos en los que los responsables simulen desempeñar un cargo público, suplanten la identidad de los propietarios, poseedores o representantes legales de un inmueble, o involucren a titulares de notarías que presuntamente participen o colaboren en estas prácticas. También mencionó a quienes, sin ser notarios, accedan indebidamente a documentos o información reservada.
La senadora expuso que actualmente no existe una cifra precisa sobre el número de viviendas en situación de ocupación irregular. Entre las razones mencionó los inmuebles que se encuentran en procesos de sucesión testamentaria, litigios, procedimientos de embargo o bajo posesión de familiares sin documentación que otorgue certeza jurídica.
Asimismo, advirtió que la falta de escrituras públicas, registros actualizados o documentos que acrediten legalmente la propiedad puede facilitar los abusos, especialmente cuando existen conflictos jurídicos pendientes o situaciones de ambigüedad sobre la titularidad de los bienes.
Finalmente, sostuvo que el despojo se ha vuelto una práctica cada vez más sofisticada, favorecida por la lentitud de los procesos judiciales y la posible colusión entre grupos delictivos y funcionarios. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades para investigar y sancionar estas conductas.
