En México el combate a la corrupción se ha centralizado en la prevención y sanción de conductas que se refieren al abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual.
En términos más simples, el combate a la corrupción se ha centralizado en combatir acciones que se asocian con la utilización de un cargo público o privado para lograr un beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros.
Ahora bien, acudamos a esta definición de corrupción:
La corrupción es un fenómeno social que conlleva la alteración negativa de las instituciones, particularmente visible en el ámbito material de actuación del sector público, ya que su impacto trasciende a la esfera de los particulares. Y, no obstante que su efecto es nocivo al generar, entre otros problemas, un mal desempeño del gobierno, el cual, al no respetar los principios de actuación que le han sido opuesto por el marco normativo, no cumple en forma correcta su función, lo que implica un deterioro en las condiciones de vida la población.
Ahora bien:
En México la normativa para el combate a la corrupción esta diseñada como se menciona en el primer párrafo para la prevención y sanción de conductas que se refieren al abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual, y esto correcto, sin embargo no ha sido suficiente, lamentablemente los actos de corrupción en el quehacer gubernamental siguen estando presentes a pesar de los esfuerzos que se han realizado, ¿por qué? Por qué esta normativa no visualiza y contempla como un hecho de corrupción que el Estado Mexicano y los servidores públicos no cumplan con las metas y objetivos establecidos en una política pública, programa social o proyecto gubernamental o simplemente en las actividades diarias de gestión de la vida pública, es decir, hoy el combate a la corrupción esta enfocado en evaluar el como se hacen las cosas del quehacer gubernamental y poca atención o nula se pone en prevenir y sancionar en el que se logra con el quehacer gubernamental que ejerce presupuesto público.
De acuerdo a lo anterior resulta la siguiente pregunta:
¿Es corrupción ejercer millones de pesos en una política pública que no entregue beneficios a los ciudadanos? La respuesta en estricto apego a la definición que hemos abordado es si, porque según esta definición la corrupción implica un deterioro en las condiciones de vida de la población.
Luego entonces…
El no lograr los objetivos estratégicos o de gestión de una institución gubernamental puede tener su origen en actos tradicionales de corrupción como desvió de recursos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito etc..; pero también puede tener como causa la ineficaz o nula planeación de un programa presupuestal que se traduce en un servicio público y en el caso de ambas causas la consecuencia es la misma, una política pública que no entrega resultados a los ciudadanos, y esto nos lleva al terreno de la alta responsabilidad que debe asumir un servidor público en el ejercicio de sus funciones, imaginemos un servidor público que este consiente de que puede ser sancionado por la vía penal o administrativa a consecuencia de cómo está realizando sus funciones ( como actualmente sucede), pero también este consiente de que puede ser sancionado por no cumplir las metas y objetivos que le fueron establecidos en el ejercicio de sus funciones, seguramente el funcionario público hará lo necesario para cumplir con estas metas y objetivos, desde la propia planeación, la ejecución y el monitoreo del programa o política publica de la que se trate.
Recordemos que…
En México todos las políticas públicas derivan de un Sistema Nacional de Planeación Democrática sustentado en el art. 26 de la CPEUM que deriva en una Ley de Planeación, Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales y Planes Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo; y en cada uno de estos se establecerán las metas y objetivos que deberán alcanzar las entidades gubernamentales.
Propuesta…
Legislar para reformar las leyes que regulen el combate a la corrupción para que, se establezca como un acto de corrupción aquel ejercicio de presupuesto público que no logre los objetivos y metas para los que fueron destinados, leyes como Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Código Penal y Ley de la Fiscalía General de la República.
Mtro. Roberto Piña Macías
