La sentencia, resultado de una demanda presentada por la UIF contra García Luna, castiga un esquema de contratación ilegal operado desde el gobierno mexicano
La Corte del Condado de Miami-Dade dictó este jueves 22 de mayo una sentencia inédita contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, quienes deberán pagar en conjunto 2 mil 500 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción y contratación ilegal operado durante el sexenio de Felipe Calderón.
La decisión judicial responde a una demanda civil interpuesta en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, que acusó a García Luna de enriquecerse ilícitamente mediante contratos manipulados con recursos públicos y de transferir los fondos a Estados Unidos, principalmente al condado de Miami-Dade, para ocultar el origen del dinero.
Una corte de Miami sentencia a Genaro García Luna y a su esposa Cristina Pereyra.
El ex secretario de Seguridad Pública deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su pareja, mil 740 millones.#GarciaLuna #cristinapereyra #genarogarcialuna pic.twitter.com/OocMSqkSE7
— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) May 22, 2025
Según documentos judiciales difundidos por el periodista Arturo Ángel, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa, Cristina Pereyra, fue sentenciada a entregar mil 740 millones, al determinarse su participación directa en el desvío y ocultamiento de los recursos.
El fallo se dio sin juicio de por medio, debido a que la defensa del exfuncionario perdió por default, al no responder adecuadamente a los requerimientos del tribunal, lo que llevó a que se emitiera la sentencia en su contra de forma automática.
Las autoridades mexicanas señalaron que García Luna utilizó su posición para manipular licitaciones y adjudicar contratos de seguridad a empresas vinculadas con su red, esquema con el que desvió millones de dólares del erario.
Posteriormente, el dinero fue triangulado y depositado en cuentas y bienes en Miami, reveló la UIF, como parte de un entramado de lavado de dinero.
Por su parte, la familia del exsecretario ha manifestado recientemente que no cuenta con la solvencia económica para cumplir con el pago ordenado por la corte estadounidense, lo que podría abrir la puerta a la incautación de propiedades y activos vinculados al caso.
El Gobierno de Estados Unidos consideró en el juicio que García Luna robó al pueblo mexicano en complicidad con otros actores, y que los fondos fueron ilegalmente canalizados a territorio estadounidense, razón por la cual se impuso la millonaria sanción.
